CHETUMAL, Q. Roo.- En la zona maya de Quintana Roo, ocho de cada 10 mujeres son golpeadas en sus hogares. Sin embargo, para ellas acceder a la justicia y liberarse de sus agresores es muy complicado, ya que por cuestiones culturales y geográficas es difícil interponer una denuncia, y mucho menos que una investigación prospere para que el estado las proteja de sus verdugos. 

“En julio de 2019 nos tocó atender el caso de una mujer de la comunidad de Tihosuco (en Felipe Carrillo Puerto), que acudió a nosotros en busca de protección junto con sus tres hijos, ya que tras años de sufrir los golpes de su esposo, en el último ataque estuvo a punto de matarla con un cuchillo”, dijo Liria May, voluntaria de la Dirección de Prevención de la Violencia de Género. 

A la víctima la acompañaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) en Felipe Carrillo Puerto para que interpusiera su denuncia, ya que carecía de dinero para trasladarse junto con sus hijos, además de que habla poco español. Después de realizar varias visitas por falta de documentos, su problema no fue resuelto, tampoco emitieron una orden de protección, a pesar de que mostró las huellas de violencia que le dejó su marido. 

“La llevamos de vuelta hasta su hogar, y recuerdo muy bien que mientras nos alejábamos se quedó mirando hacia nosotros mientras cargaba a sus hijos. Una semana después regresamos para llevarla hasta Chetumal, pero nos enteramos que había fallecido en un extraño accidente donde se golpeó la cabeza”, lamentó Liria. 

Solo 260 féminas han sido auxiliadas

De acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), en el 82% de los hogares de las comunidades mayas las mujeres sufren violencia, principalmente física y económica. 

De acuerdo con la FGE, cada año sólo se registran mil 290 denuncias por este delito en esa zona. Y según el Instituto Quintanarroense de la Mujer (IQM), en promedio sólo 260 mujeres indígenas fueron protegidas de sus agresores. 

Las principales razones de este problema se deben a que los ministerios públicos no realizan monitoreo, seguimiento o evaluación de la situación de violencia contra la mujer en esas zonas. “No tienen defensoría pública gratuita. Tampoco hay flujo de información, ni acceso a mecanismos para que puedan quejarse si las atienden mal, como sí sucede en las ciudades, donde fácilmente pueden acudir a alguna oficina de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y como muchas ni siquiera hablan español, se dificulta aún más esta labor”, explica la también abogada.

TE PUEDE INTERESAR: 

 Elecciones 2021: Q. Roo inicia proceso para renovar presidencias municipales

 Licoreros de Quintana Roo rechazan venta de alcohol a través de aplicaciones

 Feminicidios en Quintana Roo: cae sujeto acusado de asesinar a ex pareja