17 de Enero de 2018

Quintana Roo

Acusan a síndico de malversar finanzas de Othón P. Blanco

La regidora Gabriela Santana Duarte exige a Pablo Moreno Povedano información detallada sobre el déficit 96 millones de pesos en la cuenta pública.

La falta de transparencia viola el artículo 106 fracción VIII de la Ley Orgánica del Ayuntamiento. (Archivo/SIPSE)
La falta de transparencia viola el artículo 106 fracción VIII de la Ley Orgánica del Ayuntamiento. (Archivo/SIPSE)
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Jorge Carrillo/SIPSE
CHETUMAL, Q. Roo.- La regidora Gabriela Santana Duarte, vocal de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, acusó al Síndico del Ayuntamiento de Othón P. Blanco, Pablo Moreno Povedano, de incumplir con su responsabilidad de informar cada mes al pleno de la comisión sobre los estados financieros de la Comuna, y dijo que existe total falta de transparencia con lo que se viola el artículo 106 fracción VIII de la Ley Orgánica del Ayuntamiento.

Por su parte, Moreno Povedano se justificó y afirmó que no puede presentar información con la que no cuenta, debido a que la Tesorería no le ha presentado dichos balances desde el mes de mayo; Expresó que de acuerdo con la legislación mencionada, el Cabildo debe recibir un informe trimestral sobre el estado financiero de la administración municipal y la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública debe recibir dicha información mes por mes.

La regidora informó que al enterarse en Novedades Chetumal que el Síndico, Pablo Moreno Povedano había revelado que la cuenta pública 2012 del Ayuntamiento capitalino registraba un déficit aproximado a los 96 millones de pesos, inmediatamente se puso en contacto con él para solicitarle mostrara la documentación al pleno de la Comisión a fin de iniciar el análisis.

Refirió que desde mayo del 2012 el Síndico municipal ha omitido informar a la Comisión y al pleno del Cabildo sobre el estado que guardan las finanzas del Ayuntamiento lo que viola el artículo 106 fracción IV del reglamento interior de la Comuna donde se establece que la Comisión debe vigilar el cumplimiento del mandato Constitucional de que la cuenta pública sea entregada en tiempo y forma al Congreso del Estado, para que sea el Órgano Superior de Fiscalización quien califique y finalmente dictamine lo conducente.

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