Aunque la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo ha recibido 733 quejas en lo que va de este año por presuntas violaciones a los derechos de igual número de quintanarroenses, hasta el momento sólo ha emitido ocho recomendaciones, de otros años.

De esta manera este 2021 se ha convertido en el año con menos resoluciones contra las autoridades o servidores públicos que afectan los derechos de los ciudadanos: en 2018 fueron emitidas 18 recomendaciones; en el 2019, 28 y en el 2020 se realizaron 31.

En el presente año se han hecho públicas cinco quejas por abuso policial y discriminación por parte de elementos de la policía de Tulum y Solidaridad, en contra de locales y turistas; siete por uso de la fuerza excesiva por parte de agentes judiciales, tres por mala praxis de los hospitales públicos y otros tres sin especificar. Aunque en total existen 733 recursos legales, ninguna de ellas ha sido resuelta.

Por ejemplo, el año pasado, se presentaron mil 587 quejas por presuntas violaciones, sin embargo, hasta el momento solo se han emitido dos recomendaciones relacionadas con casos de ese año.

La información disponible en la página oficial de la Comisión de Derechos Humanos del Estado revela que la última de las 8 recomendaciones hechas públicas, CDHEQROO/08/2021/II, colgadas apenas ayer con fecha del lunes 19 de julio, aunque se trata de un caso de 2019.

Cabe destacar que de las 31 recomendaciones emitidas en 2020, 19 fueron aceptadas y se encuentran en trámite de cumplimiento; mientras que seis no fueron cumplidas, es decir, que no se acataron las solicitudes de la Comisión para que la autoridad acepte su error de haber violado los derechos de la víctima y repare el daño

En tanto, cinco fueron cumplidas parcialmente, y una ni siquiera fue aceptada, la CDHEQROO/12/2020/I, emitida en contra del presidente del Ayuntamiento de  Bacalar, por presuntos tratos crueles o inhumanos en contra de un ciudadano.

De las 28 que se emitieron en 2019, 18 no fueron cumplidas en ninguno de los puntos planteados por la Cdheqroo, siete fueron cumplidas parcialmente y tres fueron acatadas, aunque aún está pendiente la reparación del daño.

Las recomendaciones no tienen un carácter vinculatorio, por lo que los servidores públicos o las dependencias de gobierno que se niegan a acatarlas, no enfrentan sanción alguna por ignorarlas.

Cada año el organismo ejerce un presupuesto superior a los 60 millones de pesos.

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