Un juez federal frenó al menos 52 desalojos de viviendas, derivadas de presuntas deudas de sus propietarios con financieras, al conceder una suspensión dentro del trámite de amparos.

Oshniel Peña Altuzar, abogado de cientos de familias que han sido o temen ser desalojadas, explicó que la medida dictada por el juez determina la no confiscación de los bienes y el emplazamiento o llamado a juicio, en caso de que haya uno en trámite en los juzgados, con lo que garantiza que estas personas no serán desalojadas sin antes llevar a cabo un proceso legal.

“Hasta ahora hemos tenido una muy buena respuesta del juzgado de distrito. En 52, el juez nos ha otorgado la suspensión de la no confiscación de los bienes inmuebles”, detalló.

En algunos de los casos con resolución inicial favorable, hay varios donde hay menores de edad afectados, por lo que se tomó en cuenta el “bien superior de los menores”.

Recordó que en total, fueron 130 casos interpuestos ante el Juzgado Tercero de Distrito, pero algunas carpetas tuvieron algunos errores, como en la dirección del inmueble, por lo que la autoridad les mandó a corregir dicha información.

Con la suspensión de plano, por el momento ninguna autoridad competente podrá confiscar esos bienes inmuebles.

“La autoridad competente se refiere a los jueces de cuantía menor, al juez oral civil y mercantil  primero, segundo y tercero, actuarios adscritos y a la Secretaría de Seguridad Pública”.

Peña Altuzar comentó que el siguiente paso es que el juez de distrito determine  si hay juicios o no dentro de los tribunales. En caso de no haberlos, se anulan esos peligros de desalojo.

El abogado señaló que interpondrán otras 150 solicitudes de amparo, porque son cientos de personas las que han sido desalojadas en el municipio de Benito Juárez por presuntas deudas con financieras, hipotecarias y demás instituciones, sin siquiera tener la certeza de que haya un proceso legal que avale estas acciones.

“La gente quiere dormir a gusto, vivir sin el temor de que lleguen a desalojarlos con la policía. Ahora con esos amparos ya están más tranquilos, porque la ley establece que nadie pueda confiscar estos bienes inmuebles hasta que no se resuelvan judicialmente sus procesos por las presuntas deudas. Con esto se garantizan los procesos, si es que hay”.

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