Moto repartidores aceptan pagar permisos, pero se van a amparar

Los integrantes de Unión y Fuerza aseguran que el permiso del Instituto de Movilidad es illegal.

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[Foto: Daniel Tejada]
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La organización de moto repartidores “Unión y Fuerza” adelantó que sí van a pagar el permiso que pretende imponerles el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo) como condición para operar, pero advirtieron que se ampararán contra esta medida.

“No vamos a darles ningún pretexto para que los inspectores del Instituto de Movilidad detengan a nuestros compañeros. Pero vamos a defendernos por todas las vías jurídicas del cobro de este permiso que, tal como está planteado, es a todas luces ilegal, señaló Javier González Nieto, uno de los representantes de los motodiligencieros.

Explicó que de acuerdo al titular del Imoveqroo, Jorge Pérez Pérez, los motodiligencieros deben pagar el mismo permiso que se les cobra a los camiones de transporte de carga, según el artículo 86 de la Ley de Movilidad, siendo que el artículo 89 puntualiza que esta modalidad aplica para los vehículos cuya capacidad rebase los 750 kilogramos, casi 720 kilos más de los que puede transportar una motocicleta.

[Foto: Archivo Sipse]

Añadió que la máxima norma que regula el tránsito en el estado, ni siquiera tiene clasificado al servicio de reparto y diligencias por motoservicio, y la misma ley en su artículo 19 señala expresamente que el Instituto solo puede aplicar multas y sanciones conforme a lo regulado en la Ley.

“Por tanto, primero deben añadir en la Ley de Movilidad y su reglamento la normatividad que se va a aplicar exclusivamente a nosotros”, detalló.

González Nieto aprovechó el momento para tachar de “mentiroso” al funcionario estatal Jorge Pérez Pérez, ya que en ningún momento les ha hecho una invitación para llevar a cabo un diálogo formal sobre este tema.

“Ni siquiera ha respondido a nuestras peticiones para sentarnos y discutirlo; porque tal como hemos mencionado antes, no estamos en contra de regularnos, sino al contrario. Pero lo que buscamos es que nos reconozcan en la ley, porque ahorita nos ofrecen un descuento de tres mil pesos, pero esto significa que en el futuro pueden aplicarnos el cobro completo de cuatro mil pesos anual”, concluyó.

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