Playa del Carmen: Ayuntamiento acumula 35 recomendaciones de Derechos Humanos
Informan que son actos que se han cometido en las últimas tres administraciones.
El ayuntamiento concluirá su mandato con 35 recomendaciones por violación de Derechos Humanos que no han podido ser cumplidas luego de quejas que las personas han realizado en los últimos tres periodos municipales.
Fabiola Ballesteros Xicoténcatl, regidora presidente de la Comisión de Derechos Humanos, informó que el retraso se debió a que por mucho tiempo el municipio no contó con la reglamentación local en la materia.
“Recomendaciones son aproximadamente 35 (...) son actos que se han cometido en las últimas tres administraciones, estamos hablando desde el 2008”, dijo Ballesteros Xicoténcatl.
Se trata de actos de autoridad, de manera particular dependencias que forman parte del ayuntamiento de Solidaridad, las cuales han cometido violaciones a los Derechos Humanos de ciudadanos en sus diversos supuestos que marca los controles constitucionales en la materia.
Las recomendaciones son emitidas por la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana Roo, luego de quejas que son presentadas por particulares, que en caso de proceder se han convertido en recomendaciones que el gobierno debe cumplir para reparar el daño mediante diversos instrumentos jurídicos.
Ballesteros Xicoténcatl dio a conocer que durante la actual administración municipal han sido entre 40 y 50 quejas que las personas han presentado por diversos supuestos violatorios de Derechos Humanos.
“No necesariamente una queja se convierte en una recomendación, entonces este año hemos tenido entre 40 y 50 quejas, vamos a ver qué procedimiento sigue porque hay algunos que sólo llegan a la etapa de la conciliación y ya no terminan en una recomendación de manera formal”, dijo la regidora.
Agregó que en Solidaridad ha habido un avance en destinar dos millones de pesos para la reparación de daños a las víctimas que les han cometido actos de autoridad.
La también especialista en el tema jurídico, recordó la reforma constitucional de hace una década que permitió poner a los Derechos Humanos en el plano constitucional con igual de jerarquía con respecto a los tratados internacionales.
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