A partir de hoy, cualquier policía o ministerio público podrá tener acceso a la información fiscal de toda persona, sea física o moral, con el simple hecho de iniciarle una carpeta de investigación.

Mientras a nivel nacional los diputados federales rechazaron la misma intención del Gobierno Federal, a nivel local los legisladores dieron carta abierta a los policías y ministerios públicos para acceder, sin una orden judicial, a los registros del Servicio de Administración Tributaria de Quintana Roo (Satqroo).

Encuestas del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) indican que las policías, incluyendo las procuradurías o fiscalías, son en quienes menos confían los ciudadanos. El Sistema Estatal Anticorrupción afirma que la desconfianza prevalece en 97 de cada 100 habitantes, que consideran a esos cuerpos como corruptos.

Pese a ello, el nuevo texto del Artículo 58 del Código Fiscal del Estado obliga al personal del Satqroo a dejar a un lado la reserva de la información fiscal, frente a las solicitudes que haga el Ministerio Público o la Policía Ministerial.

El Código Fiscal Federal y el estatal establecen que el personal oficial que intervenga en los diversos trámites relativos a la aplicación de disposiciones tributarias, está obligado a guardar absoluta reserva en lo concerniente a los documentos y datos suministrados por los contribuyentes o por terceros con ellos relacionados, así como los obtenidos en el ejercicio de las facultades de comprobación.

Hasta antes de la reforma, el Código Fiscal local establecía principalmente dos excepciones a la reserva de la información: cuando sea para servidores públicos encargados de la administración y defensa de los intereses fiscales, así como para las autoridades judiciales del orden penal y aquellos tribunales sobre pensiones alimenticias.

Sin embargo, a partir del primer día de este año, entró en vigor una nueva redacción del Artículo 58; un cambio que fue aprobado sin la más mínima discusión en comisiones ni en el pleno del Congreso.

“Dicha reserva no comprenderá los casos que señalen las leyes fiscales y aquellos en que deban suministrarse datos a los servidores públicos encargados de la administración y de la defensa de los intereses fiscales; de igual forma, ‘No será aplicable la reserva de la información antes referida, cuando la solicitud se realice para la investigación de un hecho que la ley señale como delito, siempre y cuando la misma la efectúe el Ministerio Público y la Policía Ministerial’; a las autoridades judiciales en procesos del orden penal o a los tribunales competentes que conozcan de pensiones alimenticias o en el supuesto previsto en el Artículo 53-BIS de este Código”, menciona el nuevo texto avalado en la sesión de clausura del período ordinario de sesiones.

Los cambios en el Código Fiscal del Estado fueron “analizados” por la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, en una sesión realizada el pasado 15 de diciembre.

La explicación y las observaciones jurídicas estuvieron a cargo de Saúl Alonso Rey Galarza, adscrito a la Dirección de Análisis Jurídico Legislativo, quien fue el primero en hacer uso de la palabra, para detallar varios puntos y artículos a modificar, aunque en ningún momento mencionó la reforma al Artículo 58.

“De ahí en fuera son homologaciones en procedimiento y únicamente sugerir como modificaciones en lo particular, ciertas adecuaciones en cuanto a técnica legislativa, redacción, puntuación, acentuación”, explicó a los diputados, quienes sin hacer ninguna observación determinaron la elaboración y aprobación del dictamen que también fue avalado, sin discusión, por parte del Pleno.

Acceso de policías a la información fiscal, una amenaza permanente

Permitir el acceso de los policías y ministerios públicos a la información fiscal de cualquier persona requiere de un mayor análisis y de controles, ante la amenaza permanente de un uso indebido de la información en la investigación de hechos delictivos.

Ese fue el argumento de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara de Diputados para no aprobar la iniciativa enviada por el Ejecutivo federal, que pretendía, al igual que en Quintana Roo, obligar a funcionarios del Servicio de Administración Tributaria a entregar toda la información que pidan los policías y ministerios públicos.

“Esta dictaminadora no pierde de vista que las intervenciones de estos agentes poseen la potencialidad de irrumpir en la vida privada y calificar las conductas que se consideran delitos o faltas, y como consecuencia de ello determinar, en su caso, las penas o medidas de seguridad que han de imponerse, sin que en la iniciativa se hayan previsto los controles indispensables que deben preceder a la irrupción de la vida privada de las personas y a la afectación de sus derechos”, cita el dictamen.

Para la comisión, la propuesta requiere de un mayor análisis para establecer mecanismos de control y valoración de los requerimientos y la naturaleza de la información que podría ser proporcionada “con seguridad” al ministerio público y a la policía.

“Esta Dictaminadora recomienda posponer la reforma a un momento más oportuno, con el fin de profundizar su estudio y de complementarla con mecanismos de control eficientes que le den a la postre mayor viabilidad y brinden certeza y seguridad jurídica en beneficio de los derechos de los particulares”, concluye el documento.

Niveles de confianza policial, por los suelos

 Los agentes de la Policía Ministerial y los fiscales del Ministerio Público ocupan el tercero y cuarto lugar en Quintana Roo, con mayor percepción de corrupción, reveló apenas en diciembre el Inegi.

Según el organismo, de 21 mil 400 empresas que dijeron identificar a esas dos policías estatales, 74.7% dijo que los considera corruptos.

La medición tomó en cuenta a la Policía de Tránsito de los municipios, la Policía Municipal Preventiva, las policías  Ministerial o Judicial, el Ministerio Público o las fiscalías estatales, la Policía Estatal Preventiva y los jueces, en el ámbito local.

En cuanto a las fuerzas federales, se tomó en cuenta a la FGR, la Policía Federal, Guardia Nacional, Ejército y la Marina. Los dos últimos, contienen los mejores niveles de confianza.

La Encuesta sobre Victimización de Empresas 2020, señala que el 76.5% de las unidades económicas considera que el Ejército no es corrupto, en tanto que la Marina cuenta con una confianza de no corrupción del 79.6%.

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