Más de 100 personas que fueron víctimas de abuso y violación a sus derechos humanos tendrán que revivir los abusos que sufrieron a manos de autoridades, a quienes deberán enfrentar una vez más, después de que por años se han negado a aceptar su culpa.

Judith Rodríguez Villanueva, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos de la XVI Legislatura, confirmó que para atender el rezago de 114 recomendaciones que no han sido atendidas por las autoridades, se está llamando no solo a los responsables, sino también a las víctimas.

Sesenta y siete de esos casos corresponden a casos hechos registrados entre 2014 y 2018, mientras que las 47 restantes fueron turnadas hace unos días por parte de la Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Quintana Roo (Cdheqroo).

La legisladora reconoció que algunas de las personas que sufrieron maltratos, omisiones o incluso abusos graves; han pedido no aparecer o que solo sea su voz o que hable en su nombre un representante.

“Escuchamos a las víctimas, si quieren hacer uso de la voz, escuchamos a la autoridad responsable para que justifique su omisión o, en su caso, exponga o pruebe lo que ya ha hecho y, posteriormente, la Cdheqroo determina si se cumplió o no la recomendación”, justificó la diputada.

Sin embargo, para algunas organizaciones civiles las acciones del Congreso del Estado resultan en una revictimización, más porque de ese ejercicio no saldrá ninguna sanción para los responsables.

Rosa María Márquez, miembro de la Red por la Equidad y los Derechos Humanos en Quintana Roo, consideró que la facultad de llamar a las víctimas y a las dependencias para analizar por qué no se han cumplido las recomendaciones, únicamente expone de manera innecesaria a quienes ya sufrieron un atropello por parte de alguna autoridad.

“Se revictimiza a las personas a las que se les violentaron sus derechos humanos al llamarlas a una comparecencia, en donde además de gastos, tiempo y una serie de circunstancias, te llevan a confrontarte con una autoridad que se ha negado a atender las recomendaciones”.

Consideró que en principio, los legisladores deberían reformar el artículo 56-Bis de la Ley de la Comisión de los Derechos Humanos de Quintana Roo, que establece el procedimiento aplicado por la Comisión que preside Judith Rodríguez Villanueva.

“Se necesita una ley de protección a los derechos humanos que realmente los defienda y no una operativa, para delimitar las funciones del organismo. La Constitución marca que la visión de derechos humanos debe ser pro persona, es decir, en beneficio de quienes sufrieron algún abuso”, recalcó.

La Fiscalía General del Estado (FGE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) son las instancias que más recomendaciones incumplieron, seguidas por las autoridades municipales.  

Desde que se reactivaron estos ejercicios –tras la pausa causada por la pandemia de Covid-19-, han comparecido el fiscal Óscar Montes de Oca Rosales, así como la directora Jurídica de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del estado, en representación de la titular de la dependencia, Catalina Portillo, y el secretario de Seguridad Pública y Tránsito municipal de Solidaridad, Raúl Tassinari, de acuerdo con la legisladora.

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