La detención y deportación injustificada de personas en el Aeropuerto Internacional de Cancún (AIC) y otros puntos de ingreso a Quintana Roo por parte del Instituto Nacional de Migración (INM); viola los derechos fundamentales de turistas y personas solicitantes de asilo, apunta Miriam González, del Instituto para las Mujeres en la Migración.

Muchas de las personas que intentan ingresar al país, principalmente de países en conflicto, son retenidas en las salas de migración y regresadas en el siguiente vuelo, lo que contradice la política migratoria de puertas abiertas plasmada en la Ley de Migración, sostiene.

“Es una constante desde hace mucho tiempo. Diversas organizaciones hemos estado documentando casos y hay informes al respecto sobre este rechazo en aeropuertos.

Hay una forma de proceder del Instituto Nacional de Migración, que es poner a las personas en las estaciones migratorias dentro de los aeropuertos y el paso que sigue es ponerlos en un avión y deportarlos. Sin derecho a decir o pedir nada”.

En el último año, en el Aeropuerto Internacional de Cancún han salido a la luz varias detenciones a migrantes, originarios de Venezuela o medio oriente; detenidos y sometidos a tratos crueles como no darles comida o agua por más de 72 horas.

El Instituto de las Mujeres en la Migración ha documentado diversos casos en el país donde no se permite a las personas realizar el proceso correspondiente para solicitar asilo.

Incluso, esta situación ocurre con personas que no tenían planeado permanecer en el país, pues solo viajaban en calidad de turista o por trabajo.

“Hay casos que llegan a ser públicos porque alguien de afuera se enteró y buscó ayuda, pero hay muchos casos que desconocemos.

Esto se repite no solo en el Aeropuerto de Cancún, sino también en el Aeropuerto de la Ciudad de México… o en general es una práctica del Instituto Nacional de Migración”.

Apunta que no hay un solo países específico: se han identificado casos de diversas nacionalidades como Sudáfrica, Venezuela, naciones centroamericanas o incluso Afganistán.

Incluso, a pesar de que se conoce el peligro que estas personas corren en sus países, el Instituto decide deportarlas.

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