El Congreso de Quintana Roo presentó la Convocatoria para elegir al nuevo magistrado del Tribunal de Justicia Administrativa, en sustitución de Fernando Gama Rodríguez, quien dimitió al cargo tras haber sido denunciado por falsificar documentos.

Durante la Sesión de la Comisión Permanente de este miércoles, los diputados leyeron la Convocatoria Pública, en el cual el principal a punto a discusión fue el establecer candados para evitar que se repita una situación similar a la que ocurrió con Gama Rodríguez.

Como se recordará, el ex magistrado fue denunciado por mentir en la información que presentó ante el Congreso del Estado respecto a su tiempo de residencia en la entidad, con el objetivo de poder ser tomado en cuenta por los legisladores para ocupar el cargo en el 2018.

Además de ser exhibido por falsificar documentos, conducta que es tipificada como delito en el Código Penal del Estado de Quintana Roo, también se encuentra en investigación por delitos relacionados con operaciones relacionadas con recursos de procedencia ilícita.

Por esta razón, Fernando Gama renunció a su investidura el 17 de septiembre de 2021, aunque no fue aceptada por la XVI Legislatura hasta diciembre pasado.

Para evitar esto, algunos diputados integrantes de la Sesión Permanente pidieron que se anexe a la convocatoria mayores candados para garantizar que solo sean considerados aquellas personas que tienen 10 años de residencia en el Estado, con varios requisitos comprobables.

Sin embargo, la mayoría de los legisladores, incluyendo al diputado Carlos Hernández Blanco, consideró que se trata de una opción ociosa, ya que todas estas consideraciones ya se encuentran establecidas y sancionadas en la ley.

Mientras que el diputado presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política de la XVI Legislatura, Eduardo Martínez Arcila, señaló que corresponderá a los diputados vigilar que los aspirantes cumplan con los requisitos.

Sin embargo, sí se aprobaron algunos puntos “extra” que no estaban incluidos en anteriores convocatorias, como el que se requiere un documento oficial que verifique la residencia mínima; se elimina la necesidad de cartas de recomendación, y en caso de desempeñarse a un organismo autónomo, presentar una carta protesta que lo certifique.

“Quien mienta en su acreditación está cometiendo un delito, aunque esto ya no le corresponde a la Legislatura investigarlo. Se sobreentiende que si falsifica información, su registro va a ser cancelado”, detalló.

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