A pesar de las promesas del Gobierno Federal de controlar el alza del precio del gas LP, la Comisión Reguladora de Energía autorizó seis semanas consecutivas de aumentos, la última para el período del 13 al 19 de febrero pasado. Aunque rompió la racha una semana, en la actual, del 27 de febrero al 5 de marzo, volvió a subir.

Las tarifas varían dependiendo del municipio de cada región y, según el Gobierno Federal, el objetivo de la regulación, es controlar los precios y “evitar abusos de las empresas” ante la inflación.

Pero parece que el efecto es el contrario porque las gaseras están recibiendo los impactos del costo de transporte, almacenaje y distribución al cliente final. El precio promedio nacional del energético por kilogramo, en esa sexta semana, se ubicó en los 23.58 pesos; es decir, 18 centavos más que la anterior. Mientras que por litro fue 12.73 pesos.

En julio de 2021 el costo promedio nacional alcanzó su mayor nivel del año y provocó esta “regulación”, al registrarse en 25.90 pesos por kilogramo, lo que significa que los costos actuales son solo 2.40 pesos más bajos que en aquel entonces.

El precio más caro se pagó en Jalisco, 25.28 pesos kilogramo y 13.65 litro. En Mérida se vendió a 22.06 y 11.91 pesos, respectivamente. El alza inmoderada, advierten concesionarios, generaría una ola de desabasto en todo el país.

Prometieron precio máximo en el gas 

En julio pasado, el presidente Andrés Manuel López Obrador había amagado con poner un tope al producto. “En el caso del gas, si es necesario, vamos a establecer un precio máximo. No les va a gustar a los tecnócratas”, señaló en una de sus mañaneras.

Reconoció que de todos los energéticos, el gas LP es el único que ha tenido un incremento superior al de la inflación y culpó a monopolios que controlan el producto. “Son redes de distrito que dominan hasta en las colonias. Estamos viendo el asunto y vamos a enfrentarlo”, declaró.

La misma promesa realizó en agosto pasado Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco), quien amenazó a los expendedores de gas LP, ya sea estacionario o de cilindros,“que se pasen de rosca” y no respeten los precios máximos se les retirará el permiso.

“Se publicó el 28 de julio la regulación de precios máximos del gas LP, esto no impide la competencia, más bien logra una competencia justa”.

Apenas dos días después, el 3 de agosto, distribuidores de gas LP de la Ciudad de México se declararon en huelga. Los camiones de distribuidores independientes y sus trabajadores bloquearon la entrada a los depósitos de gas ubicados en las afueras de la Ciudad de México para protestar contra los precios máximos, los cuales, señalaron, afectarán sus ganancias.

La escasez de Gas LP 

Los expertos habían advertido que los controles de precios anunciados provocarían escasez, debido a que los distribuidores de gas, que en su mayoría son particulares, podrían rehusarse a operar bajo los márgenes de ganancias impuestos por el gobierno. Algunas fotografías publicadas por medios de comunicación locales mostraban a hombres enmascarados rompiendo las ventanas de unos camiones cisterna pequeños para imponer la huelga. Ese tipo de camiones son utilizados para rellenar los tanques de gas ubicados en los techos de las viviendas.

La Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas LP señaló que se deslinda de “las acciones de grupos comisionistas independientes que no tienen permiso de distribución y están bloqueando las plantas, impidiendo que salgamos a trabajar y suministrar los hogares y comercios que requieren gas”.

La asociación representa a los propietarios de depósitos y de algunas cadenas de distribución más grandes que tienen flotillas de camiones. Los independientes son propietarios o arriendan sus camiones, o dirigen operaciones más pequeñas y anticuadas de entrega de pequeñas bombonas portátiles de gas LP a domicilio.

La asociación señaló que había alertado al gobierno sobre “los riesgos y afectaciones implícitos” de imponer controles de precios. La Comisión Federal de Competencia Económica de México criticó el plan del presidente Andrés Manuel López Obrador de imponer un precio máximo al gas de uso doméstico, y alertó que la “regulación de precios podría tener consecuencias contrarias a lo que pretende la directriz, como el desabasto o escasez de gas LP”. México importa gran parte de su gas LP, y los precios internacionales han subido, lo que supone un aumento en los costos para los mexicanos. López Obrador invocó poderes de emergencia para decretar un precio máximo durante seis meses.

Los expertos señalaron que la propuesta de limitar los precios se remonta a décadas pasadas, cuando la paraestatal Petróleos Mexicanos (Pemex) importaba gas LP y lo vendía a precios fijos a los distribuidores. Ahora, las compañías privadas importan la mayor parte del gas, y no lo harán si pierden dinero al hacerlo.

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