Agencias
MEXICO, D.F.- Por más de dos meses el gobierno de México hizo poco para explicar cómo es que los miembros de una patrulla militar salieron prácticamente ilesos de un enfrentamiento que dejó a 22 presuntos criminales muertos en una bodega.

Pero esta semana, las autoridades no sólo salieron en público a tratar de explicar qué sucedió, sino que cambiaron la versión inicial de que los 22 murieron en el enfrentamiento y dijeron que soldados podrían haber cometido un asesinato, en un anuncio que generó más preguntas que certezas.

¿Por qué fiscales estatales y el ejército se apresuraron a decir que los soldados actuaron adecuadamente al matar a los sospechosos el 30 de junio en la municipalidad de Tlatlaya? ¿Por qué la Procuraduría General de la República esperó hasta septiembre para investigar en la escena de los hechos? ¿Por qué los investigadores no han entrevistado a la mujer que atestiguó las muertes? ¿Algún oficial de alto rango supo del caso o incluso ordenó matarlos?

Las muertes en San Pedro Limón, una comunidad montañosa de la municipalidad de Tlatlaya ubicada a más de 150 kilómetros al sur de la ciudad de México, han atraído la atención de organismos internacionales de derechos humanos, las Naciones Unidas y de los mexicanos a quienes el caso les recuerda de otras muertes y desapariciones sospechosas que las autoridades han intentado justificar.

Dudas sobre la versión oficial de los hechos ganaron fuerza después de una investigación realizada por The Associated Press.

La semana pasada, la Secretaría de la Defensa Nacional informó que un oficial y siete soldados enfrentarán acusaciones por faltas a la disciplina militar por su participación en la muerte. Luego, este martes, la Procuraduría General de la República dijo que tres soldados serán acusados de homicidio por abrir fuego sin justificación alguna.

Los cuestionamientos surgieron de inmediato sobre cómo es que tres soldados podrían haber matado a todos los sospechosos sin que ninguno de ellos intentara huir o resistirse. Las paredes de la bodega tienen varias marcas de lo que parecen disparos a la altura del pecho de una persona. No hay signos de balas perdidas o ráfagas que se pensaría habría si los tres soldados hubieran entrado a acribillarlos.

En tanto, el presidente Enrique Peña Nieto buscó el miércoles mandar el mensaje de que la investigación no ha concluido.

"Actualmente la Secretaría de la Defensa Nacional y la Procuraduría General de la República realizan una investigación conjunta y exhaustiva para determinar las responsabilidades individuales correspondientes", dijo el mandatario. "Confío en que las investigaciones permitirán conocer la verdad de los hechos".

José Miguel Vivanco, director para las Américas de la organización Human Rights Watch, dijo que la explicación genera dudas.

"Es muy difícil creer que tres soldados que actúan por su cuenta pudieron haber asesinado a 22 personas y luego convencieron a todo el gobierno mexicano que fue un tiroteo", señaló.

Vivanco consideró que "la credibilidad de Peña Nieto en materia de derechos humanos dependen de si llama a cuentas a todos los responsables, tanto por la masacre como por el encubrimiento".

El caso de Tlatlaya se da mientras México se mantiene atento a la desaparición de más de 40 estudiantes universitarios en una localidad de Guerrero, a unos 80 kilómetros del pueblo de San Pedro Limón.

Algunos dicen que la última vez que fueron vistos estaban bajo custodia de la policía local luego de días de protestas.

La explicación del procurador general Jesús Murillo sobre Tlatlaya es que los tres soldados entraron a la bodega donde los presuntos delincuentes se habían refugiado después de un breve enfrentamiento a tiros, en el cual uno de ellos murió. Mientras el teniente a cargo y cuatro soldados más esperaban afuera, los tres volvieron a entrar a la bodega y abrieron fuego.

La versión de Murillo sugiere que los sospechosos se quedaron quietos, aguardando su turno, mientras sus compañeros eran ejecutados.

"¿No te parece extraño que ocho militares se enfrentaran a 22 civiles y todos los muertos estén del lado con superioridad numérica?", cuestionó el experto en seguridad Alejandro Hope. "¿Era una unidad de Rambos? ¿O los civiles (presuntos delincuentes) estaban desarmados? De cualquier modo, no huele bien este asunto".

Autoridades federales parecen haber esperado hasta mediados de septiembre para hacer pruebas periciales en la bodega, la que estuvo sin cuidado y cualquier persona podía pasar y alterar la escena. El análisis del lugar se hizo semanas después de que periodistas de la AP visitaran el lugar el 3 de julio y encontraran marcas de balas a la altura del pecho y rodeadas de manchas de sangre, lo que sugería que los sospechosos murieron mientras se encontraban de pie o cerca de la pared y que recibieron tiros precisos, no característicos a si hubieran estado en medio de una batalla.

Una testigo de las muertes lo ha descrito como una masacre. Ella dijo a The Associated Press que la mayoría de los soldados presentes participaron, no sólo tres. Y, añadió, 21 sospechosos, incluida su hija de 15 años, fueron asesinados después de que se habían rendido.

La testigo, que ha pedido no ser identificada por temor a represalias, aseguró a la AP que no ha sido entrevistada por la Procuraduría General de la República.

Dijo que hasta ahora sólo personal de la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha buscado contactarla, pero aseguró que se comportaron de manera "exigente" e intentaron forzarla para que regresara a la bodega donde su hija murió.

Según la testigo, los soldados acomodaron los cuerpos para hacer creer que había sido un enfrentamiento. Su testimonio es coincidente con varias fotos de la escena del lugar de los hechos aparentemente tomadas poco después de la balacera, que fueron divulgadas la semana pasada y que fueron enviadas de manera anónima a una agencia de noticias local.

Las imágenes mostraron cuerpos tirados en posiciones que no parecen naturales y con armas en sus manos.

Las autoridades han rechazado el pedido de dar a conocer los reportes de las autopsias, bajo el argumento de que son reservadas e, incluso, la Procuraduría del Estado de México, donde se localiza San Pedro Limón, anunció que las mantendrán en secreto por nueve años.

Otras dos mujeres que también habrían testificado las muertes permanecen en prisión acusadas de acopio de armas y sin acceso a la prensa.

Murillo no ha explicado por qué al principio las autoridades estatales dijeron que los soldados actuaron de manera adecuada ese día.

Algunos dicen que el anuncio de que se fincarán cargos por homicidio recuerda los viejos días del actual partido gobernante, el Partido Revolucionario Institucional, cuando autoridades encubrían crímenes de alto perfil al perseguir a sospechosos de bajo nivel.

"La parte civil de justicia está totalmente desacreditada y muy mal", dijo Raúl Benítez, experto en seguridad de la Universidad Nacional Autónoma de México. "Quiere decir que no hacen investigaciones objetivas, sino que las hacen con fines políticos y encubriendo actos criminales", añadió.