MÉRIDA, Yucatán.- En los primeros cinco meses de 2021, Yucatán se ubica entre los estados con menor incidencia de narcomenudeo con 70 carpetas de investigación, que representan el 0.2 por ciento del total nacional, que es de 35 mil 566 denuncias, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP).

Del total de denuncias, el 92.7 por ciento estuvo relacionado con el narcomenudeo y el 7.3 por ciento fue de delitos federales contra la salud relacionados con estupefacientes.

De acuerdo con la “Incidencia Delictiva del Fuero Común”, el mayor número de denuncias interpuestas por drogas ocurrió en Guanajuato, con nueve mil 404, seguido de Coahuila, con cuatro mil 178 querellas, y Baja California, con tres mil 950 expedientes.

Mientras que del otro lado de la tabla nacional está Nayarit, con 23 carpetas de investigación, seguido de Tabasco, con 26 denuncias, Campeche, con 61, y Yucatán, con 70.

A nivel estatal, la problemática disminuyó 13.6 por ciento, ya que en comparación con los primeros meses de año anterior, cuando el acumulado fue de 81 denuncias interpuestas ante el Ministerio Público.

De acuerdo con el Inegi, a partir de 1988, la Asamblea de la Naciones Unidas determinó el 26 de junio como el Día Internacional de la Lucha Contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, con la finalidad de hacer conciencia sobre el grave problema que representan las drogas ilícitas en la sociedad.

En el marco de este llamado, el Inegi presentó datos de censos nacionales y estatales de gobierno y procuración de justicia para ofrecer un panorama del fenómeno de las drogas en México desde el ámbito de la justicia a través de las estadísticas sobre personas y delitos relacionados con drogas, así como de algunos resultados de las acciones que el Estado mexicano ha desplegado para combatir el tráfico y producción de estupefacientes.

En el último lustro, la política internacional de drogas ha estado en constante cambio debido a las estrategias globales y regionales que promueven la adopción de los enfoques de género y derechos humanos en el combate a las drogas, así como por las reformas de tipo legislativo que se han impulsado en algunos países para regular el uso y consumo de algunos estupefacientes, en particular del cannabis.

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