A solos dos semanas de haber asumido el cargo, el 15 de octubre de 2021, Lilí Campos Miranda, presidenta municipal de Solidaridad, firmó uno de los primeros contratos millonarios del Ayuntamiento, y lo hizo por adjudicación directa.

La funcionaria, que centró su campaña en recriminar la opacidad en el manejo de recursos públicos, utilizó de pretexto la pandemia para no realizar ninguna licitación pública, a pesar de que el monto asciende a 353.28 millones de pesos, además de ser un contrato plurianual, es decir, tendrá vigencia hasta el último minuto de su gobierno: el 29 de septiembre del año 2024.

Se trata del contrato de prestación de servicios número DPM/AD/SER/060/2021 otorgado a la empresa Electrotaller Industrial y Comercial El Rural S.A. de C. V., bajo el objeto de “Servicio Integral de Recolección de Residuos Sólidos Urbanos”.

Hasta la entrega del contrato, la empresa no tenía experiencia en trabajos de ese tipo.

Sólo 16 días después de la firma, el 1 de noviembre pasado, Lilí Campos Miranda denunciaba en conferencia de prensa diversas irregularidades en la administración de su antecesora.

Uno de los temas centrales del anuncio de aquel día fue la entrega de contratos por adjudicación directa. En palabras de la actual presidenta municipal debieron ser mediante licitación, porque el monto total alcanzaba los 85 millones de pesos.

Sin embargo, la pandemia, que ha cobrado la vida de 4,100 quintanarroenses, fue el pretexto perfecto para aprovechar esa modalidad de entrega de contratos.

La justificación para esquivar las restricciones de la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana Roo sugiere que la pandemia era la causa de que el municipio no tuviera camiones de basura.

“En conclusión con los 20 camiones operando precariamente se está en la imposibilidad de recolectar ni la mitad de la basura que genera el municipio toda vez que se agrava el riesgo de contagio del Covid-19, por ende queda acreditada la necesidad de contratar el servicio integral de recolección de residuos sólidos (sic)”,

resolvió en su oportunidad el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad.

La sesión ocurrió el mismo día que Lilí Campos Miranda (presidenta municipal), José Rubén Tamay Itzá (Tesorero Municipal), José Ignacio Moreno Alpuche (Oficial Mayor) y Benny Felipe Millán Parra (Secretario de Servicios Públicos Municipales) firmaron el contrato con Michael Alejandro Barrera Martínez (administrador único de la empresa).

¿Cuánto pagará el municipio por la decisión de Lilí Campos? 

De acuerdo con el contrato, en manos de Novedades, la empresa se obliga a otorgar al municipio el servicio integral de recolección de residuos sólidos urbanos con 30 unidades recolectoras y compactadoras así como mantenimiento preventivo-correctivo de 35 camiones recolectores, propiedad del municipio.

La renta de cada unidad es de 327 mil 120 pesos mensuales (con el Impuesto al Valor Agregado, incluido), que equivalen a 11 millones 776 mil 320 pesos por unidad, durante los 36 meses pactados.

La cuarta cláusula estable que: 

“Las partes acuerdan que el pago será mensual por la cantidad de $8,460,000.00 (son: ocho millones cuatrocientos sesenta mil pesos 00/100 M.N.) monto antes del impuesto al valor agregado IVA, $1,353,600.00 (son: un millón trescientos cincuenta y tres mil pesos 00/100 M.N.)”,

La cantidad final mensual es de nueve millones 813 mil 600 pesos.

Cinco días después de haber ganado el contrato, el 20 de octubre de 2021, la empresa Electrotaller Industrial y Comercial El Rural S.A. de C. V. formalizó ante el Registro Público de Comercio diversos acuerdos que incluyeron modificaciones al objeto de la sociedad.

Dichos acuerdos fueron concertados en una asamblea realizada solo horas antes de que Lilí Campos Miranda rindiera protesta como la nueva presidenta municipal de Solidaridad. El discurso de ese día fue transparencia y combate a la corrupción.

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