Israel Cárdenas/MÉRIDA
La Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado acordó desechar la iniciativa enviada por el Poder Ejecutivo, que propone modificar la Ley de seguridad social para los servidores públicos del Estado, para calcular el pago de jubilaciones y pensiones del Isstey en Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en salarios mínimos.

Este jueves, por unanimidad de los diputados la citada Comisión, se solicitó a la Secretaría General del Congreso local que elabore el proyecto de dictamen para desechar dicha propuesta legislativa en una siguiente sesión.

La coordinadora de los diputados locales del Partido Acción Nacional (PAN), Rosa Adriana Díaz Lizama, recordó que a nivel nacional hay una jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación relativa a que el pago de las jubilaciones y pensiones debe ser calculado en salarios mínimos.

Por ello, manifestó que “el sentido de esta iniciativa ya no tendría razón de ser habiendo ya una jurisprudencia de por medio, sobre todo porque en este tema el Ejecutivo se ha manifestado sobre replantear una reforma integral en cuanto al tema del Isstey”.

En este sentido, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso local y coordinador de los diputados del PRI, Felipe Cervera Hernández, propuso desechar la citada iniciativa al manifestar que los diputados coinciden en que conforme a derecho la iniciativa no está correcta.

Asimismo, recordó que el pleno del Congreso local aprobó por unanimidad un punto de acuerdo, presentado por el diputado local por el partido Nueva Alianza, Luis María Aguilar Castillo, para que el pago de pensiones y jubilaciones se siga calculando mediante el salario mínimo y que existe una sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el mismo sentido.

En la misma sesión los diputados locales también acordaron que se esperará a que se apruebe en el Congreso de la Unión, las reformas a Ley general de responsabilidades administrativas y al Código Penal Federal, en materia de inhabilitación temporal o permanente a servidores públicos y a particulares por actos irregulares en el manejo de las finanzas públicas, para dictaminar la iniciativa en la materia del partido Movimiento Ciudadano, que propone reformar la Constitución Política estatal.