Alrededor de 70 de los 105 casos en contra de taxistas de todo el estado están pendientes de resolverse en el Instituto de Movilidad del Estado de Quintana Roo (Imoveqroo).

Rodrigo Alcázar Urrutia, titular de la dependencia, informó que 38 casos contra este tipo de transporte se han resuelto en lo que va de la administración.

“En lo que va en la administración, el Instituto ha iniciado o está por iniciar en total 105 carpetas . Recordemos que ninguna administración había iniciado solamente una y nosotros estamos en 105.

Detalló que de ese total, en 38 casos se han resuelto, pero en sólo tres se revocaron las concesiones y en 15 casos entraron en suspensión 15, por diversas acusaciones, que van desde amenazas hasta agresiones. Los 67 expedientes están en proceso de resolverse.

“Los expedientes son por todos los casos que ustedes conocen, por lo que en muchos de ellos estamos esperando información de la Fiscalía para poder actuar”.

De hecho, las tres concesiones revocadas y las 15 suspendidas fueron contra aquellas unidades que participaron en los bloqueos para oponerse a la entrada de operación de las plataformas que ofrecen el servicio de transporte, tipo Uber o incluso a usuarios, agregó el entrevistado.

Imoveqroo más de 105 carpetas contra taxistas de Cancún / (Foto: Edgar Balam)

 En cuanto a revisiones por parte del personal del Imoveqroo a unidades del transporte público, el funcionario reconoció que con tres unidades de supervisión deben revisar alrededor de 8 mil taxis y mil combis, por lo que el avance es “bastante lento”.

Sin embargo, Alcázar Urrutia refirió que se han detenido 45 combis y cerca de 100 taxis, en lo que va de la administración, la mayoría por placas vencidas y por unidades en mal estado.

“Vamos avanzando, pero hay un gran rezago en el tema de transporte público que se está atendiendo”, agregó el funcionario en su visita a Cancún, en donde se comprometió a poner a disposición de los municipios unidades de carga pesada para el traslado de cacharros potenciales criaderos de moscos.

 Por su parte, Cristina Torres Gómez, secretaria de Gobierno estatal, reconoció que el proceso administrativo para sancionar unidades es lento, sobre todo para revocar la concesión, "pues se tiene que generar el vínculo entre el concesionario y el operador", o que ha sido negligente y no ha tenido cuidado o no ha cumplido con las obligaciones, establecidas en la Ley de Movilidad, al contar con una concesión.

Sin embargo, aseguró que ha habido un avance con la apertura de carpetas para poder investigar cualquier abuso o delito reportado a las autoridades.